ABSTRACT
La intimidad y la libertad son derechos fundamentales de todas las personas y su protección legal se instrumenta desde el derecho público y privado. La violación del secreto médico está contemplada como delito y el deber de confidencialidad del equipo de salud, frente a situaciones que involucren a sus pacientes, ha sido interpretado por la jurisprudencia en fallos emblemáticos como "Natividad Frías" y "Baldivieso". Las situaciones post-aborto que impulsan a mujeres a buscar atención médica en hospitales públicos, las expone a denuncias por parte de los mismos profesionales que las asisten. Este trabajo busca desmontar una falsa tensión existente entre obligación de denunciar vs. obligación de guardar reserva, apelando al orden vigente y a un enfoque de género que deje ver que sólo niñas, adolescentes y mujeres con escasez de recursos materiales y simbólicos son las que acaban criminalizadas en estas situaciones.